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Un nuevo ciclo en el seguro del automóvil

06/10/2007

Con la entrada en vigor de las últimas modificaciones sobre el seguro de automóviles y la inmediata aprobación de un nuevo Reglamento se avanza en la protección de las víctimas de accidentes de circulación. Los partidos políticos deberían incluir en sus programas para las próximas elecciones un capítulo específico para que el Baremo de valoración de daños personales de tráfico se modifique y amplíe a daños causados por otro tipo de accidentes

 

 

Los pasados 4 y 5 de octubre de 2007, el Centro de Congresos y Convenciones de Mondariz Balneario (Pontevedra), acogió la VII edición de SEGURAUTO, actividad que se desarrolla en el seno de Foro Inade.

 

Este año, Inade, Instituto Atlántico del Seguro, organizador del Foro, designó a la abogada María José Fernández Martín como directora del evento, que configuró un programa que se desarrolló en dos actividades. Una de carácter formativo, que tuvo como protagonista el Curso "Cambios en el Seguro del Automóvil", y que se celebró en la jornada vespertina del día 4; y otra de análisis y debate, denominada "Jornada Técnica del Seguro del Automóvil", que se celebró el día 5, en sesión de mañana y tarde.

 

El Foro, en el que participaron cerca de 200 profesionales vinculados a entidades aseguradoras, el Seguro y el Derecho, contó con la intervención de doce ponentes que presentaron diferentes trabajos, abordando los siguientes temas:

 

·         Las acciones de la Fiscalía General de Estado en materia de Seguridad Vial.

·         El seguro del automóvil como actividad económica.

·         El seguro de defensa jurídica para automovilistas.

·         Los cambios introducidos en la Ley sobre Responsabilidad Civil y Seguro en la Circulación de Vehículos a Motor, que han entrado en vigor el pasado agosto.

·         El proyecto de nuevo Reglamento que desea aprobar el Gobierno en materia del seguro obligatorio de responsabilidad civil en la circulación de vehículos a motor.

·         Las propuestas de modificación del sistema establecido por el legislador para valorar los daños personales causados en el tránsito motorizado.

 

 

Las acciones de la Fiscalía General del Estado en materia de Seguridad Vial

 

El Fiscal Delegado Coordinador de Seguridad Vial de la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, Alberto Rodríguez Fernández, pronunció una conferencia durante el acto inaugural de SEGURAUTO, que contó con la presencia del Alcalde de la villa termal de Mondariz Balneario, José Antonio Lorenzo Rodríguez. En su disertación, Alberto Rodríguez expuso el plan de acción de la Fiscalía General del Estado en materia de Seguridad Vial y protección de las víctimas de accidentes de circulación.

 

De las acciones a realizar destacan dos por su transcendencia. En primer lugar, la investigación específica sobre las causas de los accidentes de tráfico y el comportamiento de los conductores. La idea es recabar toda la información en un "documento maestro" donde de forma sistemática y empírica se recojan datos sobre las causas de los desplazamientos, los flujos de movilidad, los kilómetros recorridos, las características de la carretera, la influencia de la climatología, la dispersión poblacional, el comportamiento de los peatones y las actitudes o perfiles sociológicos de los conductores como elementos implicados en la siniestralidad vial. El documento final será entregado al Parlamento.

 

La Fiscalía confía en que sus conclusiones sean "relevantes para las Administraciones" y que éstas asuman las medidas propuestas para tratar de reducir la siniestralidad en la carretera.  

 

La segunda es la recuperación por parte del Ministerio Fiscal de su protagonismo como órgano promotor de la Justicia, adoptando una mayor implicación en el proceso de clasificar las formas graves y leves de imprudencia, para reconducir de oficio las infracciones graves al cauce procesal que le es propio. Sólo así se hará posible que cada conducta obtenga la respuesta penal adecuada a su gravedad "e irá perdiendo fuerza la actual percepción de que la responsabilidad penal, incluso por hechos graves, se puede comprar a través de pago de las indemnizaciones". 

 

 


 

El seguro del automóvil como actividad económica

 

Marcial Fernández Amorós, director del área de sistemas de la Asociación Icea, y José Moreno Codina, de la consultora Towers Perrin Tillinghast fueron los encargados de analizar la situación actual del seguro del automóvil desde su vertiente económica.

 

En el año 2006, los españoles destinamos 12.223 millones de euros a contratar pólizas de seguro para el automóvil. Esto supone el 23% del total del dinero que se destina anualmente a la partida de seguros privados.

 

En la actualidad, casi sesenta entidades aseguradoras ofertan seguros del automóvil, pero el mercado está muy concentrado. Prueba de ello es que las veinte primeras obtienen la confianza de casi el noventa por ciento de los propietarios de los vehículos.

 

Los españoles, al igual que el resto de habitantes de la UE, desean estar bien asesorados a la hora de suscribir sus pólizas para el automóvil. Es por ello que 7 de cada 10 titulares de un vehículo contratan esta modalidad del seguro utilizando los servicios profesionales de mediadores de seguros. De entre ellos, cada vez más consumidores prefieren a los corredores de seguros, ya que sus servicios no están vinculados a ninguna entidad aseguradora.

 

El seguro del automóvil tiene un claro componente social. En la actualidad, noventa de cada cien euros que recauda el sector se devuelven a la sociedad, preferentemente a través del pago por siniestros (76,20% de la recaudación), siendo sus destinatarios las víctimas y perjudicados de los accidentes de tráfico, la Sanidad, los talleres de reparación de automóviles, los profesionales del Derecho, los peritos de seguros...

 

Los resultados obtenidos por las entidades en los tres últimos ejercicios, junto el objetivo de obtener más confianza de los clientes, está determinando una política de las compañías cuyo eje principal está basado en el precio. Los expertos presentes en SEGURAUTO creen que esta tendencia puede desencadenar en los próximos años un resultado negativo para las entidades aseguradoras.

 

 

Los expertos manifiestan además que existe confusión al considerar el teléfono o Internet como canales de distribución, ya que ambos son únicamente una herramienta para obtener un fin, y no un fin en sí mismos. Además, estas herramientas pueden ser utilizadas por compañías y mediadores. En países como Alemania, Francia, Italia o Reino Unido, los corredores de seguros solicitan a las entidades el precio neto del seguro, incorporando ellos su minuta de honorarios para obtener el precio total que paga el cliente. De esta forma, el cliente diferencia el coste de su seguro y el coste del servicio de su corredor.

 

 

En lo relativo al precio del seguro, se viene observando una tendencia por parte de algunas aseguradoras a incorporar nuevos parámetros para calcular el precio de su producto. De entre ellas destacan el saldo de puntos del carné de conducir del conductor o el uso del GPS para la conducción del vehículo.

 

 

 

El seguro de defensa jurídica para automovilistas

 

En muchas ocasiones, la reclamación de los daños derivados de un accidente de circulación provoca un conflicto de intereses entre las entidades aseguradoras y el asegurado; así como entre los conductores de los vehículos implicados en el accidente. Ello hace necesario la utilización de los servicios de los profesionales del Derecho para resolver estas cuestiones que, en algunas ocasiones termina en los despachos de los juzgados.

 

Los conductores españoles, al igual que los ciudadanos del resto de países miembros de la UE, cuentan con la posibilidad de suscribir un seguro de defensa jurídica. Esta modalidad del seguro privado encuentra sus orígenes a principios del siglo veinte; España introduce este producto en 1932. De la historia y de las razones fundamentales del uso de este seguro versó la intervención del Consejero Delegado de la compañía ARAG, Mariano Rigau.

 

 

 

 

Los cambios introducidos en la Ley sobre Responsabilidad Civil y Seguro en la circulación de vehículos a motor

 

El pasado mes de agosto se modificó la legislación sobre "Responsabilidad Civil y Seguro en la Circulación de Vehículos a Motor"; la mayor parte de las modificaciones introducidas son consecuencia de incorporar a nuestro marco legislativo la V Directiva del Seguro del Automóviles. Pero el legislador impulsó la aprobación de otras medidas, dado el papel que los vehículos a motor tienen en nuestra sociedad y la dimensión del problema de los accidentes de tráfico.

 

La entrada en vigor de esta nueva normativa hace que estemos ante una "nueva era del seguro del automóvil". De la transcendencia que va a suponer para la sociedad y de la puesta en práctica de los cambios introducidos versaron las ponencias de la directora de SEGURAUTO, María José Fernández; y de los abogados Fernando Reglero y Juan Pena.

 

 

Propietario del vehículo

 

El propietario de un vehículo ha de ser consciente de que, salvo que pruebe que le ha sido robado, responderá civilmente como conductor de todos los daños ocasionados en un accidente de circulación a las personas y los bienes.

 

Es por ello que se aconseja a los propietarios que cuando vendan sus vehículos se efectúe inmediatamente el cambio de titularidad, y se tenga cuidado a la hora de prestar el vehículo a terceras personas.

 

 

Vehículos importados

 

El propietario de un vehículo adquirido en otro país, y por el periodo de treinta días desde la aceptación de su entrega, puede ser asegurado en su país de residencia aún cuando el vehículo todavía lleve una placa de vehículo extranjera. Ésta es una importante solución para el vehículo de segunda mano de importación o de aquellos ciudadanos que cambian de residencia y traen con ellos los vehículos de su propiedad desde el país de origen.

 

 

Certificado de siniestralidad

 

Cuando el tomador de un seguro o el propietario de un vehículo soliciten a la entidad aseguradora el certificado de antecedentes de siniestralidad, ésta está obligada a expedirlo en un plazo de quince días, y en él se reflejarán únicamente los siniestros que se refieren a la cobertura del seguro de responsabilidad civil de suscripción obligatoria, respecto a los últimos cinco años de seguro. Las entidades no están obligadas a facilitar ningún otro tipo de información.

 

 

 

Precinto público o domiciliario del vehículo

 

Las Jefaturas de Tráfico y las autoridades competentes están facultadas para precintar un vehículo  públicamente o en el domicilio del mismo, en caso de detectar el incumplimiento de la obligación de asegurarse. Esta medida puede ser un alivio para algunos ayuntamientos, que verán reducido el número de vehículos depositados en los depósitos municipales, o aquellos otros que no teniendo disponibilidad de terreno pueden ejercer una mejor labor en esta materia.

 

 

Acceso al FIVA

 

Los centros sanitarios y servicios de emergencias médicas que suscriban convenios con el Consorcio de Compensación de Seguros y las entidades aseguradoras para la asistencia a lesionados de tráfico, podrán a partir tener acceso a los datos que contiene el FIVA (Fichero Informativo de Vehículos Asegurados), y conocer así datos sobre la compañía que asegura al vehículo responsable del accidente.

 

 

Límites económicos

 

A partir del próximo uno de enero, los importes de la cobertura del seguro obligatorio quedarán fijados en 70 millones de euros por siniestro, cualquiera que sea el número de víctimas (en daños personales); y 15 millones de euros por siniestro (en daños a los bienes). Estos importes se irán actualizando anualmente en función del Índice de Precios al Consumo Europeo.

 

 

Tramitación de siniestros

 

Uno de los cambios más significativos se da en la tramitación de siniestros, donde el perjudicado adquiere un gran protagonismo al tener que efectuar su reclamación ante la entidad aseguradora del vehículo causante del accidente. En un plazo de tres meses, la entidad debe presentar al perjudicado una "oferta motivada" de indemnización. En el supuesto de no realizarla, deberá dar una "respuesta motivada", justificando el rechazo de la reclamación. El incumplimiento de estas obligaciones constituirá para la entidad aseguradora una infracción administrativa que será impuesta por la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones (DGSFP).

 

Si el perjudicado acepta la oferta motivada de indemnización que propone la entidad aseguradora, ésta deberá satisfacer su importe en el plazo de cinco días, o consignar dicha cantidad.

 

 

 

 

Nuevo Reglamento del Seguro Obligatorio de Automóviles

 

Como se citaba anteriormente, el pasado mes de agosto se modificó la legislación en materia de seguro del automóvil. El nuevo marco legal hace que el Gobierno desee aprobar un nuevo Reglamento del Seguro Obligatorio de Responsabilidad Civil en la Circulación de Vehículos a Motor que sustituiría al actual, que data del año 2001.

 

La Administración, a través del Subdirector General de Seguros y Política Legislativa, Sergio Álvarez Camiña, expuso en SEGURAUTO las nuevas líneas de actuación que, entre otros contenidos:

 

-          Incorpora conceptos como "vehículo a motor" y "hecho de la circulación", esenciales para precisar el ámbito del seguro obligatorio,

-          Sistematiza la documentación relativa al seguro, incluida la que sirve para acreditar su vigencia,

-          Desarrolla determinados aspectos referidos al pago de indemnizaciones,

-          Recoge la regulación de Ofesauto (Oficina Española de Aseguradores de Automóviles),

-          Contiene, actualizado, el régimen del FIVA como mecanismo central para la identificación de la entidad aseguradora que cubre la responsabilidad civil de cada uno de los vehículos implicados en un accidente y del control de la obligación de asegurarse.

 

El primer cambio que desea introducir el Gobierno es la propia denominación del Reglamento, que versará sobre el "seguro", dejando al margen el concepto de "responsabilidad civil", por entender que ésta ya está suficientemente tratada en otros textos legales.

 

 

¿Qué vehículos a motor hay que asegurar?

 

El Gobierno desea que los vehículos a motor que hay que asegurar sean aquellos que sean "idóneos para circular por la superficie terrestre, impulsados a motor, para los que se requiera autorización administrativa para circular, de acuerdo con la normativa de tráfico". De esta forma se trata de despejar dudas sobre si determinados objetos con una determinada capacidad circulatoria han de ser considerados como automóviles (minimotos, cars, o quads que han estado generando dificultades sobre su conceptuación).

 

 

¿Quién es el propietario del vehículo?

 

A los efectos de la obligación de aseguramiento, se presume que la consideración de "propietario" corresponde a la persona natural o jurídica que figure como tal en el registro público correspondiente. Pero también hay que considerar como "nuevo propietario" al adquiriente al que se le evidencia una efectiva transmisión, aunque falte el requisito del cambio registral.

 

 

Cambios en el "hecho de la circulación"

 

La Administración estima que las tareas industriales de carga, descarga, transporte, almacenaje, y demás operaciones necesarias de manipulación, así como los procesos logísticos de distribución de vehículos deben quedar fuera de la esfera del Seguro Obligatorio de Automóviles  (SOA), considerando que los daños que se puedan producir corresponden al marco de la responsabilidad civil empresarial.

 

 

Documentación que acredita la vigencia del seguro

 

Se sigue considerando que la documentación que acredita la vigencia del seguro obligatorio es el justificante de pago de la prima del periodo de seguro en curso. Este recibo debe contener, al menos, la identificación de la entidad aseguradora, la matrícula del vehículo asegurado, el periodo de cobertura e indicar que se trata de un seguro obligatorio.

 

En muchas ocasiones, los asegurados atienden el pago del seguro a través de domiciliación bancaria, y es corriente que cuando la autoridad, en el ejercicio de sus funciones, desea que se le acredite la vigencia del seguro, se encuentra que el titular del vehículo carece del justificante bancario. A fin de resolver estos casos, y de forma provisional, se admite como documentación el justificante del último pago y se fija un plazo de cinco días para que el titular de vehículo presente ante la autoridad competente el justificante correspondiente al periodo en curso. De esta forma se evita la sanción de 60 euros que se suele imponer en caso de no acreditar la vigencia de la póliza.

 

 

Matrículas que no correspondan o han dejado de corresponder a un vehículo

 

La reforma que se desea introducir indicará que la matrícula no corresponde a un vehículo cuando éste lleve una matrícula falsa o alterada de forma tal que haga imposible la identificación del mismo. Asimismo, se entenderá que la matrícula ha dejado de corresponder a un vehículo cuando su permiso o licencia de circulación hayan perdido su vigencia por estar éste dado de baja en el registro de vehículos, ya sea de manera definitiva o provisional.

 

 

Publicación de los convenios de centros sanitarios y entidades aseguradoras

 

La DGSFP estará obligada a publicar en el BOE los convenios que suscriban el Consorcio de Compensación de Seguros y las entidades aseguradoras con los centros sanitarios y servicios de emergencias médicas para la asistencia a lesionados de tráfico, así como la relación de centros, servicios, y entidades que los suscriben.

 

 

Seguro especial para pruebas deportivas

 

En aquellas pruebas deportivas en que compitan vehículos a motor se tendrá que suscribir un seguro especial para cubrir la responsabilidad civil de los conductores intervinientes. Este seguro tendrá las mismas coberturas que se establecen para el SOA.

 

Concluida la intervención del Subdirector de Política Legislativa y Seguros, hizo uso de la palabra el director del área de seguros generales y mediación de la Asociación Empresarial del Seguro (UNESPA), Manuel Mascaraque.

 

UNESPA considera más oportuno que la denominación del Reglamento sea la antigua y por ello debe contener preceptos relativos a la responsabilidad civil en la circulación de vehículos a motor.

 

En lo correspondiente a los nuevos límites cuantitativos del seguro obligatorio, se cree conveniente que para indemnizar los daños materiales originados por un accidente, cuando el límite para este concepto no fuera suficiente, se debería aplicar el remanente del límite de daños personales. Asimismo, se cree oportuno indicar, en el ámbito correspondiente a los daños personales, que se incluyen los gastos de asistencia médica, farmacéutica y hospitalaria y los gastos de entierro y funeral. En caso de aprobarse los términos anteriores UNESPA cree que no tendría razón de ser el seguro de responsabilidad civil suplementario de carácter voluntario.

 

 

Los otros cambios propuestos por la Administración y sobre los que UNESPA desea acercar posturas están referidos a la oferta y respuesta motivada de indemnización y a los intereses moratorios.

 

 

 

Reforma el sistema legal valorativo (Baremo)

 

Desde el año 1995, los daños corporales causados en el tránsito motorizado se valoran a través del "Sistema para la Valoración de los Daños y Perjuicios causados a las personas en accidentes de circulación". Los expertos reunidos en SEGURAUTO confirman que el sistema, en el transcurso de sus doce años de funcionamiento, ha proporcionado importantes beneficios:

 

-          A las víctimas o perjudicados, porque ha agilizado el pago de indemnizaciones, consiguiendo un alto porcentaje de solución de conflictos por vía amistosa (más del 90% de los siniestros con lesionados),

-          A los consumidores, porque el Baremo ha supuesto mayor estabilidad en el precio del seguro,

-          A la Administración de Justicia, porque ha descendido el número de litigios, reduciendo los costes jurídicos y descargando de trabajo a la Administración de Justicia,

-          A las entidades aseguradoras, porque el mejor cálculo del coste final del siniestro permite una mejora de las provisiones técnicas, dotándolas de mayor estabilidad y solvencia en el ramo de automóviles,

 

Los expertos sugieren una revisión del texto inspirada en el principio básico de que "los beneficios demostrados de un sistema legal y tasado [...] hace que el espíritu y los fundamentos expresados en el sistema perduren a día de hoy, por lo que el propósito de los cambios debe ser únicamente la actualización del mismo en aquellos aspectos que mejoren su utilidad para la sociedad en su conjunto".

 

A este respecto, la Administración cree que a la hora de proponer la reforma se deben considerar los nuevos límites del SOA, la experiencia acumulada a lo largo de estos doce años con aportaciones doctrinales y criterios jurisprudenciales, y las consecuencias económicas y aspectos jurídicos y técnicos que hacen complejo su análisis.

 

La patronal de las entidades aseguradoras (UNESPA) difiere de la opinión de la Administración, ya que cree que habría que habría que desvincular la reforma de los nuevos límites del SOA y que debería responder a las siguientes cuestiones:

 

-          Mejora y aclaración de la reglas de aplicación, tanto generales como particulares,

-          Revisión y aclaración de los factores correctores (daño moral / daño patrimonial),

-          Revisión del concepto "perjudicados"

-          Revisión del tratamiento de los "grandes inválidos"

-          Adaptación de las "secuelas psicofísicas" al estado del conocimiento y de la ciencia médica actual.

-          Revisión y adecuación de las indemnizaciones previstas.

 

La SEAIDA (Sección Española de la Asociación Internacional de Derechos de Seguros) a través del presidente del grupo de automóviles, Mariano Medina Crespo, sugiere una revisión de su texto "con la que evitar disfunciones que se deben a una serie diversa de factores consecuentes, entre los que sobresale la defectuosa redacción de las reglas aplicadas". También deben ponderarse los cambios acelerados de una realidad familiar que, a su entender, ya que fue inadecuadamente atendida cuando se aprobó el texto actual, de 1995.

 

La SEAIDA cree que sería recomendable ampliar el ámbito de aplicación de este sistema a todos los daños corporales en el marco de la responsabilidad civil, con independencia de su origen.

 

La opinión generalizada es que los partidos políticos deben incluir este asunto en sus programas electorales, de cara a las próximas elecciones; y que el consenso de cara a su aprobación parlamentaria supondría una mayor justicia para le conjunto de víctimas y perjudicados en los accidentes de circulación.

 

 

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